Con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este martes el juicio político contra el presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado.
La votación se realizó después de que 20 asambleístas de diferentes bancadas presentaron sus respectivos análisis tanto a favor como en contra de proseguir con la moción presentada por la asambleísta, Viviana Veloz (Unes). El recurso establece:
“Se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente estos pools de empresas con los que Flopec EP tenía relación contractual en el transporte de crudo. Precisamente, por ello, la Asamblea Nacional acusa al presidente de la República, pues junto a Hernán Luque Lecaro (expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO). Definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros. Conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado. Consecuentemente, el presidente de la República conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec EP”, señala el texto aprobado.
#PlenoLegislativo868 | Posterior al cierre del debate, con 88 votos afirmativos se aprueba la resolución que dispone continuar inmediatamente con el proceso de #JuicioPolítico en contra del presidente @LassoGuillermo, acorde al artículo 142 y otros de la #LeyFunciónLegislativa. pic.twitter.com/tydN63Wwdw
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) May 9, 2023
¿Qué prosigue ahora?
Tras esta aprobación de juicio político en la Asamblea Nacional, ahora el presidente del Congreso, Virgilio Saquicela, debe fijar la fecha para el proceso. Asimismo, el Parlamento debe notificar a Lasso al respecto.
Durante la sesión de censura, Guillermo Lasso tendrá derecho a su defensa. Para que la moción de censura se apruebe debe contar con mayoría calificada; es decir, 92 votos a favor.
De ser así, Lasso sería automáticamente desposeído de su investidura presidencial. Su cargo lo asumiría el actual vicepresidente, Alfredo Borrero. En caso de que no se alcancen los votos necesarios, el mandatario continuaría en el cargo.
Sin embargo, Lasso tiene una carta bajo la manga, si quiere evitarse el juicio político. Se trata de la denominada «muerte cruzada», que consiste en la disolución de la Asamblea. Esto le permitiría a Lasso gobernar mediante decretos por seis meses, al tiempo de convocar nuevas elecciones presidenciales y legislativas.
