La vieja prisión de Alcatraz, silueta pétrea en la bahía de San Francisco, parecía haber quedado para siempre como un museo del fracaso punitivo. Sin embargo, el 5 de mayo de 2025, Donald Trump ordenó al Buró de Prisiones “reabrir y ampliar” la cárcel más infame de Estados Unidos para encerrar a migrantes que, en su retórica, amenazan la nación. Aunque luego parece haber aclarado que hasta ahora es sólo una idea, la noticia no es una extravagancia aislada: es la coronación simbólica de una política que convierte la movilidad humana en enemigo público y exhibe un poder punitivo descontrolado y sin límites como arma de guerra.
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Del muro al CECOT
El gobierno Trump 2.0 ya no se conforma con el muro fronterizo. El 15 de marzo, en un operativo relámpago, el Departamento de Seguridad Nacional embarcó a 252 venezolanos y los trasladó a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele los confinó en el CECOT, una prisión diseñada para quebrar cuerpos y voluntades. Días después, Bukele los ofreció como moneda de cambio a Caracas, confirmando que los migrantes se han convertido en víctimas de una política criminal.
Trump ordena la detención y Bukele ejecuta la crueldad; ambos orquestan, de hecho, una organización criminal transnacional que, usando los poderes del Estado, vulneran el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de los migrantes. Los pactos internacionales violados son múltiples, cuando la deportación masiva se combina con detención prolongada y trato inhumano. El Estatuto de Roma lo tipifica como crímenes de lesa humanidad en la categoría de deportación forzada, encarcelamiento y persecución nacional, sin olvidar el delito de trata de personas que también se encuentra presente en esta nueva justificación de “seguridad”.
Frente a estos hechos, resuena la advertencia de Eugenio Raúl Zaffaroni: “Los crímenes más devastadores no los ejecutan individuos aislados, sino estructuras estatales que concentran el poder real”. Trump encarna ese vértice: comanda la maquinaria política‑istrativa capaz de privar de libertad a cientos de personas inocentes sin juicio, delega la brutalidad material en otros Estados —El Salvador— y celebra la violencia como espectáculo electoral. Estamos ante un crimen de Estado cometido mediante un aparato organizado de poder.
Alcatraz: ícono de la barbarie
Reabrir Alcatraz no es sólo un despropósito logístico —la isla carece de agua dulce suficiente y su estructura está corroída—; es un gesto de propaganda que glorifica la pena como venganza y revive la memoria del aislamiento absoluto. “Es un símbolo muy poderoso”, justificó Trump. Exacto, símbolo de una guerra contra la humanidad que persigue al migrante, promueve el dolor y exporta la represión más allá de sus fronteras.
Trump promete “ley y orden” y ofrece Alcatraz como símbolo de su cruzada. Pero la verdadera ley —la que emana de los tratados y la dignidad humana— dicta otra cosa: privar de libertad sin causa, torturar con el encierro, usar personas como fichas de canje, es guerra contra la humanidad.
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