El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, aseguró este lunes que su país defenderá los intereses de Repsol en Venezuela, luego de que el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, amenazara con imponer aranceles y revocar licencias petroleras a empresas extranjeras que operan en el país.
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En una entrevista con el canal Telecinco, el ministro de Asuntos Exteriores de España confirmó que ha mantenido o directo con el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, con el objetivo de evaluar la situación y coordinar una respuesta.
«Es importante no apresurarse hasta conocer todos los detalles, entender las implicaciones y explorar los espacios de diálogo que aún existen. Esa es la vía que queremos seguir para resolver cualquier diferencia o aclarar las dudas que pueda tener la istración estadounidense», expresó el funcionario.
Por su parte, Imaz enfatizó que Repsol en Venezuela mantiene un «diálogo abierto y fluido» con diversos actores, incluidos organismos estadounidenses, para garantizar la continuidad de sus operaciones.
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Respuesta del Gobierno Nacional
Este domingo Venezuela reaccionó a la medida de Donald Trump y dejó claro que no reconoce la validez de la revocación de licencias, asegurando que el país seguirá cumpliendo sus compromisos con las empresas extranjeras.
La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, emitió un comunicado en el que ratificó la soberanía de Venezuela sobre sus recursos energéticos:
«Estábamos preparados para esta coyuntura y estamos listos para continuar cumpliendo los contratos con estas empresas, en el marco de la Constitución de la República y las leyes venezolanas», subrayó Rodríguez.
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Una estrategia de presión contra Venezuela
La medida impulsada por Donald Trump se suma a la política de máxima presión que Estados Unidos ha implementado contra Venezuela en los últimos años, que buscan mermar el sector energético, principal fuente de financiamiento del país, y que apuntan a destruir la estabilidad económica del país y con ello, forzar un cambio de Gobierno de manera no constitucional.
