El juez James Boasberg dijo este lunes que los migrantes venezolanos enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)en El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros están expuestos a “torturas, palizas e incluso la muerte”.
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Este lunes, el juez de distrito James Boasberg rechazó una petición de los abogados del Gobierno de Donald Trump, quienes alegan que los más de 200 migrantes enviados hace una semana a una megacárcel de El Salvador pertenecen a la pandilla Tren de Aragua.
Asimismo el juez federal James Boasberg ordenó al Gobierno de Donald Trump pausar los vuelos de deportación a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y alegó que los venezolanos ya expulsados merecían una audiencia antes para determinar su responsabilidad en delitos que se le imputan, pero que no están comprobados.
Ante la reciente expulsión ilegal de EEUU a El Salvador de 238 venezolanos acusados de pertenencia al grupo criminal Tren de Aragua, a pesar de una orden judicial que prohibía su traslado, Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, ha manifestado:
“La expulsión de 238 personas de Estados Unidos a El Salvador, a pesar de una orden judicial que prohibía expresamente su traslado, representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de Trump, como ignorar a un juez federal de Estados Unidos y ahora pedir su destitución. Además, es un peligroso apoyo a la punitiva agenda de seguridad del presidente Bukele.
Piquer dice que los migrantes venezolanos han sido expulsados en pleno proceso judicial. Además arrestados pese que cumplían obligaciones en materia de inmigración. Y además tenían protecciones concedidas en EEUU, en aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratados. De igual forma los clasificaron como de bandas por sus tatuajes.
De igual forma el personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense, ha itido que muchos no tenían antecedentes penales y algunos fueron expulsados por la percepción de que podrían cometer delitos en el futuro.
Es importante señalar que las expulsiones no constituyen deportación, que es un proceso establecido en la legislación estadounidense. No obstante, los migrantes venezolanos han sido expulsados sin orden de traslado, para cumplir condena por tiempo indefinido en el Cecot, sistema en el que se ignoran los derechos humanos fundamentales.
Ana Piquer señala que con el presidente Bukele, El Salvador se ha convertido en ejemplo de una tendencia alarmante en Las Américas, donde el encarcelamiento masivo, la falta de control sobre el poder ejecutivo y la criminalización de las comunidades marginadas se presentan como soluciones al crimen.
Sobre este tema la Amnistía Internacional ha documentado ampliamente las condiciones inhumanas que imperan en los centros de detención de El Salvador, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde están secuestrados ahora los migrantes venezolanos.
Los informes de esta cárcel indican hacinamiento extremo, falta de a asistencia médica adecuada y malos tratos generalizados que constituyen trato cruel, inhumano o degradante. Además, organizaciones salvadoreñas han informado de la muerte de más de 300 personas bajo custodia estatal, en algunos casos con claros signos de violencia.
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