El juez federal de Estados Unidos (EEUU), James Boasberg, inició este miércoles un proceso para declarar al Gobierno del presidente Donald Trump en desacato por ignorar una orden judicial y enviar a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la megacárcel en El Salvador.
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En una resolución de más de 40 páginas, el magistrado acusó al Ejecutivo de actuar con «completo menosprecio» hacia la orden judicial que instruía detener el traslado de los migrantes al país centroamericano. James Boasberg afirmó que «la Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales», destacando que permitir tales acciones «convertiría en una burla solemne a la propia Constitución».
Campaña migratoria de Trump
Cabe recordar, que el presidente Trump invocó el 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Una legislación históricamente utilizada en tiempos de guerra, para justificar la expulsión de cientos de migrantes venezolanos, a quienes acusó de estar vinculados con la extinta banda Tren de Aragua.
Sin embargo, un día después de esta decisión, el juez Boasberg emitió una orden bloqueando la aplicación de dicha ley y ordenó el regreso de dos vuelos que transportaban migrantes hacia Centroamérica. A pesar de la instrucción judicial, los aviones aterrizaron en El Salvador, lo que desató una batalla legal.
En respuesta, Trump sugirió incluso someter al magistrado a un juicio político.
Es importante mencionar, que el envío de migrantes a El Salvador generó una serie de demandas contra la istración Trump y ha sido criticado por organismos internacionales.
Desaparición forzada de migrantes
La ONG Human Rights Watch, en un informe reciente, calificó esta acción como una “desaparición forzada”. A su vez, señaló que tanto Estados Unidos como El Salvador están sometiendo a los migrantes a condiciones que violan los Derechos Humanos.
Por su parte, la istración Trump defendió las expulsiones al argumentar que los migrantes tienen vínculos con las pandillas MS-13 y Tren de Aragua. Las cuales, fueron recientemente designadas como grupos terroristas por Washington. Sin embargo, diversas investigaciones de medios estadounidenses demostraron que la mayoría de los migrantes deportados no tienen antecedentes penales.
Con información de: EFE.
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