En un artículo firmado por el periodista mexicano Emiliano Rodríguez Mega, publicado en el New York Times (NYT), se destaca que el Gobierno del ultraderechista Nayib Bukele en El Salvador encarceló a los deportados por Donald Trump y ahora sus familias están demandando.
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«Sus seres queridos fueron detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses, deportados a El Salvador. Luego encarcelados en una tristemente célebre prisión de máxima seguridad», explica el comunicador.
Rodríguez Mega destaca cómo en la actualidad una docena de familias están demandando al Gobierno del país centroamericano. Éstos, acusan de que a sus hijos, hermanos, sobrinos y parejas los han mantenido ilegalmente tras las rejas, durante casi dos meses.
18 ciudadanos venezolanos
En este artículo, el periodista mexicano destaca la demanda presentada el pasado viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por una coalición de abogados de derechos de los migrantes que representan a las familias.
Se identificaron a 18 venezolanos que se encuentran detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) descrita por el mismo comunicador como «una megaprisión estricta y austera».
Tal como lo manifiesta el articulista en el medio estadounidense, desde marzo ninguna de las familias ha tenido noticias de sus parientes encarcelados. La mayoría de estos ciudadanos «tenían solicitudes de asilo pendientes o aprobadas, u otros tipos de protección humanitaria en Estados Unidos».
Emiliano Rodríguez Mega incluso cita la demanda, cuya copia The New York Times tuvo . «Todos han sido deportados sin el debido proceso, excluidos de cualquier protección de la ley y se encuentran en una situación de desaparición forzada».
Así lo declaró Isabel Roby, abogada principal del grupo de Defensa de los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, uno de los que presenta la demanda.
El periodista también señala que los portavoces del Gobierno de El Salvador no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. Así que, recalca, que «la Casa Blanca ha encontrado un aliado importante en el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para llevar a cabo su política de deportación».
De esa manera, al menos 288 deportados de Estados Unidos se encuentran bajo custodia del Cecot. De éstos, la mayoría son venezolanos y se registran varias docenas de salvadoreños, incluido un hombre deportado desde Maryland por error.
La denuncia solicita una liberación inmediata
También se reitera que la denuncia solicita que la comisión ordene a la istración de Nayib Bukele liberar de inmediato a los 18 migrantes recluidos en régimen de incomunicación en la prisión. Así como, facilitar su regreso a EEUU o a otro país donde estén a salvo.
Emiliano Rodríguez Mega, en este artículo del NYT, narra cómo en febrero el Gobierno de El Salvador ofreció acoger a criminales convictos deportados por Estados Unidos. Ésto, por supuesto, a cambio de una tarifa.
«En sus conversaciones con funcionarios estadounidenses, según ha sabido The New York Times, el Sr. Bukele les dijo que quería pruebas de que todos los migrantes venezolanos eran de hecho de la banda Tren de Aragua. Una afirmación que la istración Trump ha utilizado para justificar las deportaciones», dijo.
No obstante, una investigación del mismo Times no encontró antecedentes penales, o solo encontró infracciones menores, para la mayoría de los hombres.
Es así, como Isabella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigio Estratégico para los Derechos de los Refugiados, otra organización que presenta la demanda, afirmó: «Ni la istración Trump ni el régimen de Bukele han demostrado ningún caso en el que un tribunal haya determinado que una persona sea miembro de una pandilla».
Por lo que, agregó, la decisión de deportar a esos ciudadanos tiene un basamento con «características superficiales». Al igual que, aseveró que a nueve de los hombres mencionados en la acción legal los acusaron basándose en sus tatuajes.
Otros países de Centroamérica
Rodríguez Mega también señala que acciones legales recientes contra otras naciones centroamericanas, que acordaron aceptar aviones con personas deportadas desde Estados Unidos, han tenido cierto impacto.
«En marzo, Panamá liberó a casi todos los 112 migrantes que estaban retenidos en un campamento remoto en la selva. Y el mes pasado, Costa Rica devolvió los pasaportes a personas que había detenido en una antigua fábrica de lápices, permitiéndoles marcharse si así lo deseaban», puntualizó.
Así, refiere que «El Salvador, sin embargo, es diferente». Entonces, en el combate a las pandillas de ese país, el mandatario impuso un estado de emergencia en 2022, con el que logró suspender los derechos normales al debido proceso.
«Desde entonces, su gobierno ha detenido a miles de pandilleros y personas inocentes en arrestos masivos. Grupos de Derechos Humanos han intentado impugnar la legalidad de los arrestos, con poco efecto. De miles de acciones legales presentadas en los últimos años, solo unas pocas se han resuelto».
Por lo que, según explica este periodista, aunque la Comisión Interamericana falle a favor de los demandantes, los abogados en El Salvador ya advierten que podría ser difícil presionar al Gobierno para que actúe.
Al respecto, destacó la opinión del abogado constitucionalista Enrique Anaya, radicado cerca de San Salvador, capital de ese país, quien asegura que «al régimen de Bukele no podría importarle menos».
El doctor Anaya, quien ha cuestionado la base legal del acuerdo de deportación, deja claro que «El Salvador va a liberar a estas personas única y exclusivamente si Estados Unidos lo autoriza».
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